Una de las principales prioridades del gobierno del Cambio se encuentra en el impulso, fortalecimiento e implementación de la reforma rural integral pactada en el Acuerdo de Paz. Para ello, el presidente Petro ha tomado decisiones audaces tales como: aumentar el presupuesto a entidades claves como la Agencia Nacional de Tierras; priorizar la compra de tierras -solo hay que recordar el acuerdo al que se llegó con Fedegan para la compra de 3 millones de hectáreas; y repotenciar el programa de formalización masiva.  

Y ciertamente los resultados son apreciables, de eso no cabe la menor duda; además, la Sociedad de Activos Especiales también ha contribuido, muestra de ello son las 23.686 hectáreas que ha entregado a miles de familias campesinas bajo la figura de derechos de uso.

Sin embargo, tras concluir el primer año del Gobierno y con un Plan de Desarrollo que ya está sobre ruedas, se le debe meter el acelerador al cumplimiento de los principales indicadores de la reforma rural, solo así será posible aterrizar las metas trazadas desde el Acuerdo de Paz mientras se salda una deuda histórica con millones de campesinos sin tierra o con tierra insuficiente.

La clave para activar ese acelerador se encuentra en dos condiciones; primero, una sólida articulación interinstitucional; y segundo, la coordinación del Gobierno Nacional con los próximos gobiernos locales.

Buscando avanzar en la primera condición recientemente el presidente Petro reactivó el Sistema Nacional de Reforma Agraria como un modelo indicativo de gestión que se propone armonizar las acciones del conjunto de entidades responsables de la reforma. Con este instrumento, tanto las organizaciones sociales como las comunidades tendrán la posibilidad de determinar los niveles de responsabilidad y capacidades del conjunto de entidades responsables de volver realidad el componente rural del Acuerdo de Paz.

Frente a la segunda condición el camino empezará cuando concluyan las próximas elecciones regionales, con los nuevos alcaldes y gobernadores, quienes deberán sintonizar sus eventuales planes de desarrollo con el Sistema Nacional de Reforma de Agraria; así, las entidades territoriales -lo que incluye a los Concejos y Asambleas- podrán ser partícipes activas de la planeación e implementación de aspectos tan trascendentales tales como la entrega de tierras, la titulación masiva, y las iniciativas de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). 

Para meterle el acelerador a la reforma rural se requiere de presupuesto -siendo el actual el más alto en la historia reciente-, mucha planeación y muchísima voluntad política. De esta forma será posible saldar la deuda que tenemos como sociedad con millones de campesinos que padecieron y siguen padeciendo los rigores de la guerra. Los próximos alcaldes y gobernadores no podrán ser ajenos a esa realidad.

El Gobierno Nacional viene dando pasos importantes, pero el compromiso debe ser de todos y con todos los sectores. Solo así la reforma cumplirá con su objetivo de cerrar brechas y avanzar hacia una auténtica modernización del campo.