Mi compromiso con la paz es total. Mi carrera política la he construido de la mano de los colectivos sociales y ciudadanos que defienden la construcción de paz. Soy consciente de los horrores de la guerra, porque he visto como desintegra a las familias y le arrebata el futuro a los jóvenes. Por eso, he defendido la paz en todos los escenarios posibles; en las calles, con el movimiento social y desde mi curul en la Asamblea. Una curul al servicio de las víctimas, los firmantes de paz y todo aquel que le apueste a la defensa de la vida.

Ahora bien, ese respaldo decidido no me restringe para cuestionar lo que considero no va bien o se podría convertir en un grave error a mediano y largo plazo, de ahí que frente al programa Jóvenes en Paz, recientemente presentado por el Gobierno Nacional, tenga serias diferencias, especialmente, en lo relacionado a la transferencia mensual de un millón de pesos para los jóvenes en riesgo de ser cooptados por grupos criminales. Lo que algunos sectores opositores y medios han calificado como: “Pagar para no matar”.

En realidad, no creo que el programa apunte solo a eso, pero la forma como se ha venido presentado ante la opinión pública, así como la falta de claridad en su despliegue operativo, pueden llevar a generar ese tipo de conclusiones; además, que a corto plazo podría desencadenar un incentivo perverso en personas que no les interese la paz sino instrumentalizar jóvenes solo pensando en el “pago de un millón”.

Con ese tipo de temas la comunicación debe ser estratégica, integral y no debe dejar espacio a la desinformación. Se requiere mayor claridad y una comunicación asertiva.

Personalmente, considero que la forma más adecuada de sacar a los jóvenes del conflicto o evitar que caigan en los grupos armados, se encuentra en sólida política de reintegración que combine la atención psicosocial con modelos educativos de asociatividad tanto urbanos como rurales, enfocados en la generación de ingresos y empleos sostenibles. La paz urbana no es un subsidio temporal, debe ser la transformación de las condiciones sociales y económicas en los territorios, para que los jóvenes se tracen verdaderos proyectos de vida y sociedad en sus comunidades.

Tampoco se puede dejar de lado a los jóvenes que quieren estudiar o están buscando empleo, a ellos también se les debe apoyar, porque la atención no se puede focalizar exclusivamente en aquellos que se encuentran en los grupos armados o en alto riesgo de caer en ellos. Desde un enfoque diferencial, se deben promover políticas de juventud que convoquen a todos los jóvenes del país.

Como dice la consigna: ¡Por la paz, todo! Aunque se deben diseñar programas que apostándole a la paz sean sostenibles en el tiempo y no solo pañitos de agua tibia reducidos a subsidios.

Es la invitación que le hago al Gobierno y a la sociedad, para que sigamos trabajando de la mano por una verdadera paz urbana y por más oportunidades para todos los jóvenes.